La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia participó en Paraguay en el foro de seguimiento a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración pública.
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La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA) formó parte del foro de seguimiento a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano que se celebró en Paraguay, donde participaron funcionarios de instituciones públicas de distintos países.
La Carta es una consulta sobre lo realizado por los países para adecuar los lineamientos a la legislación nacional después de dos años de aprobación. En el foro se presentaron resultados sobre el conocimiento de la Carta a los ciudadanos y a la aplicación por parte de los funcionarios públicos.
El delegado de El Salvador en representación de la SPCTA, Héctor Rodríguez, expuso que en el país “se cuenta con diversas instituciones encargadas de la promoción y derechos ciudadanos, las que constantemente se pronuncian por la promoción y defensa de los derechos humanos, en especial cuando se trata de los grupos vulnerables”.
Entre estas instituciones están la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Inclusión Social, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y la Defensoría del Consumidor.
Se presentaron, además, los avances de los países y los mecanismos implementados para facilitar el acceso a la información pública así como el uso de las tecnologías para la participación ciudadana.
En el último año, en cuanto al fortalecimiento de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el órgano Ejecutivo gestionó 23,076 requerimientos de información, de los cuales no se entregó el 1.36% por ser confidencial, el 1.30% por ser información reservada y el 4.78% por ser inexistente.
Héctor Rodríguez, de SPCTA, durante el foro de seguimiento a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano.
En el gobierno anterior y en el actual se emitieron dos decretos de austeridad logrando ahorros significativos en las arcas públicas. En los últimos meses no se han gastado más de $50 millones.
Se evaluó, además, el rol de las redes sociales para la convocatoria, comunicación y debate social. De acuerdo con el principio de economía, el funcionamiento de la administración pública estará guiado por el uso racional de los recursos públicos disponibles.
Según expuso Rodríguez, en El Salvador se ha fomentado la participación de los connacionales en el exterior.
La actual administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén ha abierto espacios a la participación de la ciudadanía desde la formulación del Plan Quinquenal de Desarrollo, la constitución de los Consejos Consultivos en temas prioritarios como Educación, productividad, seguridad entre otros.
La Carta manda a los países a que el gasto público se realizará atendiendo a criterios de equidad, economía, eficiencia y transparencia y bajo el principio de Ética, en cuya virtud todas las personas al servicio de la Administración pública deberán actuar con rectitud.
Este principio manda a los funcionarios a actuar con lealtad y honestidad, promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el marco de los más altos estándares profesionales, el respeto a los ciudadanos, la diligencia, la austeridad en el manejo de los fondos y recursos públicos, así como la primacía del interés general sobre el particular.
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